Vinicio Castillo Semán, dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), reveló este viernes que las sucesivas suspensiones del Diálogo Binacional por parte de Haití, responden a una estrategia para presionar al presidente Danilo Medina a que envíe un proyecto de Ley de Amnistía en favor de los haitianos ilegales residentes en el país, nacidos antes del 2010.
“Al país hay que hablarle claro. El gobierno haitiano ha amenazado con la ruptura del diálogo con la República Dominicana si el proyecto de ley que enviará el presidente al Congreso no satisface su pretensión fundamental, que es desconocer la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Ahí está la respuesta del porqué de las sucesivas suspensiones”, expresó Castillo Semán.
Castillo Semán indicó que “el gobierno dominicano y el presidente Medina debe rechazar esas presiones, ya que la aprobación de una ley de naturalización es una potestad soberana de República Dominicana, que jamás puede ser el fruto de una presión del gobierno haitiano y de sus aliados internacionales”.
“Hay que buscar una salida justa y humana a los 22,000 afectados por la sentencia del TC, que armonice este interés con el respeto estricto a la Constitución y al Tribunal Constitucional, pero es una decisión interna, que no puede estar condicionada a las presiones de Haití sobre nuestro país”, concluyó.
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“Al país hay que hablarle claro. El gobierno haitiano ha amenazado con la ruptura del diálogo con la República Dominicana si el proyecto de ley que enviará el presidente al Congreso no satisface su pretensión fundamental, que es desconocer la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Ahí está la respuesta del porqué de las sucesivas suspensiones”, expresó Castillo Semán.
Castillo Semán indicó que “el gobierno dominicano y el presidente Medina debe rechazar esas presiones, ya que la aprobación de una ley de naturalización es una potestad soberana de República Dominicana, que jamás puede ser el fruto de una presión del gobierno haitiano y de sus aliados internacionales”.
“Hay que buscar una salida justa y humana a los 22,000 afectados por la sentencia del TC, que armonice este interés con el respeto estricto a la Constitución y al Tribunal Constitucional, pero es una decisión interna, que no puede estar condicionada a las presiones de Haití sobre nuestro país”, concluyó.
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