Del total de empresas beneficiadas, tres años después de haberse vencido el empréstito, solo tres han realizado abonos a sus cuentas, entre ellas el Grupo M, propiedad de Fernando Capellán, que fue favorecida con US$4, 500,000, ha pagado US$19,000, Polanco Fashion, incorporada por José Coronado, de US$350,000, ha aportado US$4,500, y la empresa Inalert, representada por Santiago Morales, que recibió US$1, 000,000, solo ha avalado US$4,000.
Los fondos fueron concedidos vía bancos comerciales, mediante el aval del Ministerio Hacienda y amparado en la Ley 174-07, de fomento a la zona franca. El financiamiento contó con la aprobación del exgobernante Leonel Fernández, quien en ese momento buscaba el apoyo de diversos sectores económicos y sociales, con el objetivo de lograr su reelección presidencial.
La garantía del Estado para financiar este grupo de empresas se produjo en medio de una crisis del sector.
Presión de pago
Con el propósito de recibir las remuneraciones correspondientes, el exministro de Hacienda, Daniel Toribio, en fecha 17 marzo de 2011, le concedió un plazo de 15 días para que regularizaran el pago, que para entonces ascendía a RD$1,200 millones. El pago al Estado dominicano se haría mediante el Banco de Reservas, que actuaría en calidad de agente de cobros.
El 19 abril de 2011, un mes y dos días después de cumplido el plazo, Toribio informó que unas 14 empresas serían sometidas a la justicia por deudas al Gobierno, y que 17 de ellas cancelarían el compromiso en 5 años; pero a la fecha nada ha pasado.
Entre las empresas que firmaron el acuerdo figuran: D’ Clase Shoes, D´Clase Manufacturing Inc., Westpoint Manufacturin Inc., American Apparel Associates, Margarita Internacional LTD, Qel Dominicana S.A. y Unión Textil Internacional.
También, el Grupo M Industries S.A., Global Technology Group LTD, Notions Dominicana S.A., RJ Torres M.F.G. S.A., Atlantic Manufacturing S.A., In Alert Manufacturing Inc., Polanco Fashion International S.A., Alexander Manufacturing Company S.A., A&R International C.porA. y Antilles Manufacturing S.A.
Congreso
Al darse a conocer en la Cámara de Diputados la situación real de la deuda, el representante por la provincia Monte Plata, congresista Juan Hubieres del Rosario, exigió al presidente Danilo Medina realizar cuanto antes el cobro de los US$31, 457,225.93, que poseen las 32 industrias.
Hubieres señaló que el estatus financiero entregado por el Ministerio de Hacienda el pasado 29 de agosto, no contempla el incentivo facilitado por el Poder Ejecutivo de unos 1,500 pesos para cada uno de los empleados, ni tampoco los intereses que deben pagar por las facilidades económicas. “En la forma de cómo se han manejado los deudores industriales, no es más que una asociación de malhechores”, indicó el diputado al debatir el tema en el hemiciclo.
El legislador afirmó que todos los dueños de zona franca favorecidas con los recursos debieran estar presos en el 15 de Azua, ya que esto constituye un robo vulgar al Estado. “Todo luce que existe una componenda ilegal, avalada por las autoridades financieras estatales y el Gobierno, quienes son los responsables de ingresar esos recursos al pueblo”, acotó Hubieres.
No obstante, expuso que los bancos son muy exigentes con los pequeños deudores y en numerosas ocasiones despojan de sus viviendas o les intervienen los negocios cuando se retrasan con los pagos económicos, pero, con estos empresarios “malas pagas” no actúan con el mismo rigor. “Cuando los poderosos cometen un delito de esa naturaleza y no son castigados por la justicia, a lo único que se ayuda es a fomentar el crecimiento de la delincuencia y la criminalidad”, abundó.
“Nunca van alcanzar los fondos para mejorar los salarios a los médicos, profesores, técnicos, y a miles de empleados del sector público, si no se sanciona la corrupción”, sostuvo.
Prometió que mediante su oficina legislativa realizará todos los esfuerzos legales para obligar al Poder Ejecutivo, el Ministerio de Hacienda y el Banco de Reservas a que recuperen el dinero otorgados a estas empresas, en fecha 17 de julio del 2007.
La deuda salió nuevamente a la palestra durante la sesión de la Cámara de Diputados este martes 3 de septiembre, donde se hizo pública la carta de solicitud de información, dirigida por presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Marino Collante, dirigida al ministro de Hacienda, Simón Lizardo Mézquita, sobre el estatus del préstamo.
La petición de la documentación de la referida deuda se efectuó el 18 de marzo del presente años, pero los datos no fueron entregados hasta el 29 de agosto, cinco meses y 11 días después.
Mientras que decenas de pequeños y medianos empresarios dominicanos se fueron a las quiebras anhelando un préstamo de los bancos estatales, mediante la protección del gobierno, pero solo un grupo de morosos se han beneficiado sin honrar los fondos de los contribuyentes.
Al darse a conocer en la Cámara de Diputados la situación real de la deuda, el representante por la provincia Monte Plata, congresista Juan Hubieres del Rosario, exigió al presidente Danilo Medina realizar cuanto antes el cobro de los US$31, 457,225.93, que poseen las 32 industrias.
Hubieres señaló que el estatus financiero entregado por el Ministerio de Hacienda el pasado 29 de agosto, no contempla el incentivo facilitado por el Poder Ejecutivo de unos 1,500 pesos para cada uno de los empleados, ni tampoco los intereses que deben pagar por las facilidades económicas. “En la forma de cómo se han manejado los deudores industriales, no es más que una asociación de malhechores”, indicó el diputado al debatir el tema en el hemiciclo.
El legislador afirmó que todos los dueños de zona franca favorecidas con los recursos debieran estar presos en el 15 de Azua, ya que esto constituye un robo vulgar al Estado. “Todo luce que existe una componenda ilegal, avalada por las autoridades financieras estatales y el Gobierno, quienes son los responsables de ingresar esos recursos al pueblo”, acotó Hubieres.
No obstante, expuso que los bancos son muy exigentes con los pequeños deudores y en numerosas ocasiones despojan de sus viviendas o les intervienen los negocios cuando se retrasan con los pagos económicos, pero, con estos empresarios “malas pagas” no actúan con el mismo rigor. “Cuando los poderosos cometen un delito de esa naturaleza y no son castigados por la justicia, a lo único que se ayuda es a fomentar el crecimiento de la delincuencia y la criminalidad”, abundó.
“Nunca van alcanzar los fondos para mejorar los salarios a los médicos, profesores, técnicos, y a miles de empleados del sector público, si no se sanciona la corrupción”, sostuvo.
Prometió que mediante su oficina legislativa realizará todos los esfuerzos legales para obligar al Poder Ejecutivo, el Ministerio de Hacienda y el Banco de Reservas a que recuperen el dinero otorgados a estas empresas, en fecha 17 de julio del 2007.
La deuda salió nuevamente a la palestra durante la sesión de la Cámara de Diputados este martes 3 de septiembre, donde se hizo pública la carta de solicitud de información, dirigida por presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Marino Collante, dirigida al ministro de Hacienda, Simón Lizardo Mézquita, sobre el estatus del préstamo.
La petición de la documentación de la referida deuda se efectuó el 18 de marzo del presente años, pero los datos no fueron entregados hasta el 29 de agosto, cinco meses y 11 días después.
Mientras que decenas de pequeños y medianos empresarios dominicanos se fueron a las quiebras anhelando un préstamo de los bancos estatales, mediante la protección del gobierno, pero solo un grupo de morosos se han beneficiado sin honrar los fondos de los contribuyentes.
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