En su dictamen, el procurador general adjunto ante la alta corte, Ricardo Tavera Cepeda, plantea que procede declarar no conforme con la Constitución la resolución dictada por el Congreso el 15 de diciembre del 2003, así como cualquier disposición, norma o acto cuya anulación resulte necesaria por conexidad.
El contrato también contempla la inspección de la carga arribada a los recintos portuarios del país, y cobrar, como contraprestación, determinadas tarifas establecidas en el mismo.
Establece, además, que la inspección autorizada por la ICSSI será con carácter exclusivo durante la vigencia del contrato.
La Procuraduría plantea que es válido convenir que en esos términos el Estado ha establecido un monopolio a favor de la empresa para la explotación de un servicio indispensable y de ineludible aplicación en la importación de mercancías y materias primas, como las que comercializan y procesan las empresas accionantes en inconstitucionalidad en el ejercicio de sus operaciones comerciales e industriales.
"Ese monopolio se pone de manifiesto en el hecho de que por el acuerdo suscrito y por mandato de la resolución aprobatoria del mismo, ningún otro operador puede prestar servicio de inspección y verificación de los contenidos importados, con total independencia del mayor o menor grado de tecnología que pudiere aplicarse en la oportunidad, ni del impacto que la misma pudiere tener en la eficiencia y efectividad del servicio así como del impacto de los costos a pagar por los usuarios por la mejoría de las tarifas".
Fuente de almomento.net
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